Yamid González-Díaz
Defensor de Derechos Territoriales
Integrante CocosoP y COA
En las semanas más recientes se han evidenciado acciones pertinentes para profundizar el análisis sobre los conflictos ambientales, los cuales se agudizan cada vez más en el suroeste Antioquia a causa de la dictadura minera y el proyecto minero Quebradona de Anglogold Ashanti.
Dentro de estas acciones que se presentaron en el cierre del 2020 y que involucran al proyecto Quebradona, tenemos: 1) los requerimientos solicitados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (27 de noviembre); 2) los reparos de la Secretaría de Minas de Antioquia al proyecto minero; 3) la carta de la Procuraduría a Empresas Públicas de Medellín (16 de diciembre); y 4) la notificación sancionatoria de Corantioquia (31 de diciembre).[1]
Es preocupante y necesario -aunque no suficiente- plantear alertas, debates y análisis, sobre los efectos de estos acontecimientos en las dinámicas de los conflictos a los que hemos sido sometidos durante los últimos 15 años y la necesidad de ampliar su discusión en una perspectiva histórica y actual a partir de las configuraciones territoriales que se han dado en el suroeste de Antioquia.
Centrando nuestra reflexión sobre la relación entre los conflictos ambientales y la dictadura minera, es importante resaltar que una empresa que se ufana por tener los más altos estándares técnicos y científicos en esta materia, les notifiquen 174 requerimientos por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y más de 500 recomendaciones por parte de la Secretaría de Minas de Antioquia, la cual identifica problemas con los mapas e incoherencias en cuanto a la información geológica, solicitando 103 correcciones[2].
De igual manera, Corantioquia sancionó con más de 288 millones a la empresa minera de cobre Quebradona por intervenir un afluente que nutre a la quebrada La Fea en Jericó, instalando una plataforma de exploración a 15 metros del cauce, generando perforaciones de 650 metros -o más- de profundidad.
A estos elementos le sumamos la advertencia que hace la Procuraduría Ambiental y Agraria al declarar el proyecto de alto impacto y advirtiendo sobre las posibles afectaciones que puede generar el proyecto minero Quebradona sobre el proyecto Hidroituango a causa de su conexión con el río Cauca[3].
Estos aspectos que aparecen enunciados, son expresiones importantes, pero tal vez mínimas y superficiales para entender las dinámicas de los conflictos ambientales, pues faltan enunciar muchos más y nos encontramos frente a pronunciamientos institucionales que han sido también producto de la movilización social y de las denuncias públicas que han posicionado especialmente las organizaciones sociales de Jericó y el suroeste de Antioquia.
Son mínimos y superficiales -aunque no carecen de importancia- porque las dinámicas del conflicto deben abordarse de manera estructural, no solo desde una base técnica e institucional sino desde una fundamentación social y participativa.
Lo Social adquiere prioridad porque nos permite entender que el Territorio no son sólo minerales y mucho menos un receptáculo para su extracción y destrucción. También nos permite entender que los conflictos no se resuelven con sanciones económicas o con ajustes técnicos.
Abordar lo Social implica reconocernos como actores constructores de este territorio, de las conexiones integrales de nuestras prácticas culturales con las montañas, las aguas, la biodiversidad, su riqueza material y espiritual... implica también darle un sentido real de reconocimiento y protección de los patrimonios comunes que tenemos en estas majestuosas montañas.
Ser conscientes de lo Social y valorar las sociedades montañeras que estamos reconstruyendo, también le asigna un rol especial a la participación social como posibilidad efectiva de decidir, resignificar y transformar el Territorio que tenemos y el que soñamos.
No podemos permitir que la dictadura minera y los conflictos ambientales se continúen agudizando, es necesario visibilizarlos cada vez más y plantear la necesidad urgente de dialogar y debatir las dinámicas de estos conflictos de una manera integral con la Procuraduría Regional Agraria, Corantioquia, la Defensoría del Pueblo, las Personerías Municipales, en fin, con la institucionalidad del Estado en los niveles locales, regionales y nacionales.
No podemos permitir que la Anglogold Ashanti y la dictadura minera nos arrebaten el derecho a decidir. Existen propuestas comunitarias importantes para generar estos debates entre comunidad y Estado. Las Mesas Planes de Vida Comunitarios son una ruta importante para cumplir estos propósitos.
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