“Según
Catastro Minero de INGEOMINAS 2008, en la región mencionada del suroeste de
Antioquia y eje cafetero, existen 74.088 hectáreas que están solicitadas
para proyectos mineros, de los cuales la segunda multinacional más grande del
mundo en explotación de oro, la Anglo Gold Ashanti AGA, posee 39.916 hectáreas,
es decir el 53,8% del total solicitado” (Grupo Semillas).
Gran parte
de la preocupación que se ha difundido en la región del suroeste está
relacionada directamente con el fenómeno
de la minería, fortalecida a partir de
la llamada “confianza inversionista” que no es más que “la entrega de nuestros recursos con enormes
garantías para los inversionistas foráneos, es así como toda esta región está
siendo solicitada para proyectos de minería” señala el grupo Semillas.
El Leviatán, como
hemos denominado a la minería, con sus actividades y efectos adversos al medio ambiente amenaza a
muchos pueblos del Suroeste Antioqueño como Pueblorrico, Tarso e
Hispania. Por lo que las personas ya empiezan a cuestionar y
evaluar sus costos y beneficios.
El Foro Minero de Jericó invita a “establecer y activar
mecanismos sociales, como el trabajo interinstitucional, la organización
comunal, las asociaciones civiles, la Veeduría minera, formas de organización
social, que puedan garantizar el estricto cumplimiento integral de la normativa
Constitucional, ambiental y minera, expresada en la Carta Magna, en ley 99 y en
la ley 685 del Código de Minas”.
El grupo Semilla y el Foro Minero de
Jericó nos muestra que para hacerle
frente a este Leviatán y disminuir su potencial, se precisa fortalecer la
unidad y el trabajo colectivo entre los municipios involucrados con el fin de
preservar el medio ambiente y el patrimonio cultural: “Todo explorador o explotador de
minas está en la obligación de realizar sus actividades de manera que no vayan
en desmedro de los valores culturales, sociales y económicos de las comunidades
y grupos étnicos ocupantes…” (Artículo 121. Integridad Cultural. Código
de Minas. Ley 685 agosto 15 de 2.001)
El Grupo Semillas es una organización no gubernamental colombiana encargada de
cualificar y promocionar estrategias y acciones sobre aspectos de políticas
públicas nacionales e internacionales, ambientales y rurales, en temas como:
sistemas de producción agro-ecológico sustentable, biodiversidad, recursos
genéticos y conocimiento tradicional. Con base al acompañamiento y el
conocimiento de experiencias mineras en Támesis y en otros municipios del
suroeste antioqueño, presenta El Modus Operandi de las empresas mineras:
- Utilizan la fuerza pública como parte
de su departamento de seguridad.
- Involucran y “conquistan” a las comunidades
al ofrecerles empleos por 15 días, pagándoles mezquinos jornales y con dádivas
que van desde un almuerzo comunitario hasta huertas productivas, según su grado
de intervención.
- El personal profesional de campo de la
empresa también lo integran ecólogos, trabajadores sociales, quienes manejan el
discurso del no impacto de la exploración minera.
- Es importante mencionar la clara
contradicción del discurso de la minería sustentable, pues la minería es un
recurso no renovable que se agotará con su explotación, y más aún cuando la
minería que se propone realizar es a cielo abierto.
- Durante la tercera fase de exploración
en la cual deben hacerse profundas perforaciones de más de 400 metros con
taladros especializados, se han presentado daños en el ecosistema, al perforar
acuíferos o reservorios internos de agua, los cuales por presión hidrostática
brotan a la superficie y el manejo que se le ha dado por parte de la empresa
minera ha sido simplemente conducirla con mangueras a la fuente más cercana.
Este caso ocurrió en el municipio de Jericó, sector Palo Cabildo en 2008.
La
región del suroeste es un sitio estratégico para ejecutar proyectos mineros y
consolidar una configuración territorial y económica de acuerdo a demandas
nacionales e internacionales. Los Gobiernos diseñan estrategias de desarrollo
de acuerdo a su lógica de mercado e intereses privados y en ocasiones
desconocen las demandas que exigen las propias comunidades intervenidas. El
reto de los municipios será el de iniciar una discusión jurídica de sensibilización para hacer valer su opinión en la toma de
decisiones que compete a su propio territorio, es decir, que las decisiones no
sean tomadas a partir de contextos nacionales e internacionales sino
integrándose a las necesidades e intereses locales y comunitarios.
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