0 Cinturón Occidental Ambiental - COA: Carta a la opinión pública

Carta a la opinión pública

"Alianzas Para la Prosperidad"

En el año 2011 el Ministerio del Interior radicó en el Congreso de la República el proyecto de Ley estatutaria para modificar la Ley 134 de 1994 sobre mecanismos de participación ciudadana, la cual incluye un nuevo espacio que busca favorecer las condiciones de gobernabilidad en las regiones de influencia de los proyectos de explotación minero-energética a través del diálogo entre comunidades, gobierno y empresas, denominado alianzas para la prosperidad –APP-. Aunque este proyecto de Ley se encuentra en trámite ante la Corte Constitucional, ya existe un afán del gobierno nacional para implementar las APP, materializado a través de un proyecto piloto en los departamentos de Casanare, Putumayo y recientemente en el departamento de Antioquia, en los municipios de Jericó, Támesis, Pueblorrico y Tarso, territorio de acción del Cinturón Occidental Ambiental COA.

Esta nueva estrategia ha creado suspicacias por su semejanza con las consultas previas, si bien el proyecto de Ley manifiesta que no las reemplaza, pueden convertirse en una forma de transfigurarlas. De esta manera desde el suroeste antioqueño vemos con escepticismo las bondades discursivas que nos ofrece las APP, las cuales carecen de completa legitimidad en nuestras comunidades. 

Estos “diálogos sociales” se proponen en un contexto de imposición de mega-proyectos mineros que buscan dedicar cerca del 90% del territorio del suroeste antioqueño para actividades de exploración y explotación minera. De esta manera el “diálogo social” se configura como una clara falacia que busca principalmente socializar proyectos y políticas para legitimarlos y limpiar su imagen ante las comunidades, además de mitigar y prevenir las contingencias tales como manifestaciones de inconformidad, acuerdos municipales de exclusión de la minería, movilización y protesta social por la defensa de los territorios y los bienes comunes, las cuales han sido muy usuales en nuestros municipios, que resaltan sus verdaderas vocaciones y se niegan a la imposición del extractivismo. Esas son nuestras formas de verdadera participación social que los gobiernos regional y nacional no han querido escuchar.

Rechazamos las Alianzas Para la Prosperidad (APP) y exigimos espacios para que el Estado reconozca la participación que se viene dando de modos tan diversos y reiterados en el suroeste antioqueño y plantear discusiones serias sobre la verdadera vocación económica del territorio donde nunca se ha dado (ni se acepta) la implementación de megaproyectos minero-energéticos como alternativa para nuestros proyectos de vida. Cualquier ejercicio de participación real se debe dar sin presión e imposición de las empresas transnacionales que quieren hacer efectivas las actividades extractivistas.

También exigimos se dé cumplimiento a la moratoria nacional minera para que se revisen, por una comisión independiente y no gubernamental, los títulos mineros y licencias ambientales expedidas hasta hoy, y se revoquen o anulen los que violen la Constitución, la Ley o causen grave daño al agua, al ambiente o a la salud humana; se excluyan de cualquier actividad minera los ecosistemas estratégicos, terrestres y marinos, especialmente los esenciales para el ciclo del agua, la soberanía alimentaria, los territorios de comunidades étnicas, las áreas protegidas, los perímetros urbanos y los suelos de protección y expansión urbana; se prohíba el uso del cianuro y cualquier otro agente altamente tóxico utilizado en la actividad minera; Se garantice que el transporte terrestre, marítimo y fluvial de los minerales extraídos sea seguro para los seres humanos y el ambiente; se reforme el Código de Minas, eliminando el carácter de actividad de utilidad pública y de interés social que actualmente tiene la minería para que prevalezcan sobre la normativa minera los principios constitucionales y legales ambientales, los de autonomía territorial étnica, así como los derechos de los propietarios o poseedores de la tierra sobre las concesiones del subsuelo; la expedición de títulos mineros y licencias ambientales quede sometida a la revisión y decisión de una comisión independiente, con participación de la sociedad civil; se respete la autonomía municipal para excluir la actividad minera en el territorio del municipio que así lo decida; se garanticen y respeten los derechos laborales, la salud y la seguridad de los trabajadores de la minería; se den garantías para que la pequeña minería se realice con respeto al ambiente y la salud de los mineros y las comunidades y, cuando esto no sea posible, se apoye la reconversión del pequeño minero y el minero artesanal a otra actividad tanto o más productiva; se modifiquen la política y los porcentajes de regalías desventajosas que recibe el Estado por las concesiones mineras y se eliminen los incentivos tributarios y prerrogativas que tienen las actividades mineras por encima de las demás actividades económicas; se garanticen los procesos adecuados de consulta previa con pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en sus territorios y conforme a sus sistemas de derecho y gobierno propios; se declare la emergencia ecológica para adoptar con prontitud las medidas que correspondan a los puntos anteriores.

Mientras no se dé cumplimiento a la moratoria minera, continúen las empresas mineras en nuestro territorio y sigan vigentes los proyectos para adelantar actividades de exploración y explotación minera, pisoteando la integridad de nuestro territorio, no serán posibles diálogos legítimos con instituciones estatales, privadas y académicas.

CINTURÓN OCCIDENTAL AMBIENTAL, COA 

Suroeste de Antioquia – julio 3 del 2013 – corazondelmediocauca@gmail.com