1 Respuesta Comunicado COA

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

6200-0019

CARTA ABIERTA
Medellín, 30 de abril de 2013

Señores
Cinturón Occidental Ambiental (COA)
Pueblorrico, Antioquia


Cordial saludo.

Enterados a través de un comunicado público de las imputaciones hechas al Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, por parte del Cinturón Occidental Ambiental COA, nos vemos obligados a dar respuesta, también pública, al mencionado comunicado. 

Desde su fundación en 1988, el Instituto de Estudios Políticos ha llevado a cabo la investigación de los más diversos problemas políticos colombianos. Los procesos locales, regionales y nacionales de formación y búsqueda del Estado y la Nación; la guerra, sus discursos y sus funestas consecuencias desde el siglo XIX; el devenir de los partidos políticos y los procesos electorales; la participación ciudadana y la formación de lo público en entorno s convulsos; las formas de resistencia y acción colectiva desplegadas por grupos humanos y comunidades específicas; el desplazamiento forzado y las migraciones internacionales; las violencias urbanas; los procesos de negociación, desarme y reinserción con actores armados de diferente naturaleza; el lugar de las víctimas en esos conflictos y negociaciones; las dimensiones de la seguridad y de la cuestión criminal; los contactos y las interferencias entre política, conflicto y derecho; las políticas públicas implementadas por el gobierno en sus múltiples niveles, los enigmas del desarrollo en el país y en el continente así como investigaciones relacionadas con diversos proyectos modernizadores que se han desarrollado en el país desde el momento mismo de establecimiento de la República. En los libros y artículos en que se han divulgado esas investigaciones, y que son de amplio conocimiento público, se exponen las formas como se han intentado poner en práctica diversos proyectos y estrategias institucionales, sus consecuencias sociales, económicas y políticas, así como el impacto que han tenido en comunidades locales. 

Para el desarrollo de esas y otras tareas, el Instituto ha contado con diversas fuentes de financiación: la Universidad, COLCIENCIAS, instituciones gubernamentales mediante la firma de convenios específicos (Ministerio de Justicia, Municipio de Medellín, Gobernación de Antioquia, INDER, Comisión Nacional de Verificación de la Corte Constitucional, Red de Solidaridad Social, PNR) , cooperación internacional (AECID, Fundación Carolina, RISC, Cátedra Andrés Bello, British Columbia University, Red de Universidades de Madrid). Esos recursos le han permitido al Instituto mantener una permanente vinculación o iniciación en la investigación de jóvenes investigadores, estudiantes de pregrado, auxiliares y monitores de la Universidad de Antioquia; mantener programas de extensión solidaria; sostener un medio de divulgación como la revista Estudios Políticos; mantener el programa de Maestría en Ciencia Política en el cual, por cierto, se han formado muchos líderes de la región, se han desarrollado y se desarrollan diversas investigaciones sobre problemáticas específicas y locales. 

Conscientes de nuestra función y responsabilidad públicas en un país con grandes desigualdades e inequidades, creemos haber abordado nuestro papel como investigadores de la realidad política y como docentes en ciencias sociales, de frente a la sociedad, con claridad, rigurosidad e independencia. Hemos asumido también los costos que implica una actitud crítica y autónoma como la que procuramos mantener durante veinticinco años de existencia del Instituto y como la que corresponde al espíritu de esta Universidad; es decir, como corresponde a una Universidad que no deja de ser pública, autónoma y responsable, porque aborde la caracterización de un problema específico en un momento en el cual se 

hace crítico. Todo lo contrario. 

Sin perder de vista estos principios, actualmente nos encontramos desarrollando el proyecto de investigación que despierta su inquietud. Se trata del proyecto Elaboración de un mapa de actores en los municipios Puerto Asís, en el departamento de Putumayo; el departamento de Casanare y los municipios de Jericó, Tarso, Támesis y Pueblorrico, Zona Cartama, Sub-Región Suroeste del departamento de Antioquia. El proyecto, contratado por la Fundación Restrepo Barco, el Viceministerio de Participación del Ministerio del Interior y FONADE, tiene por objeto analizar el entorno sociopolítico e identificar riesgos e impactos relacionados con la presencia de la industria minero-energética en cada uno de los territorios objeto del estudio, e identificar los actores relevantes del territorio que tienen relación directa con los asuntos y actividades desarrolladas por las empresas mineroenergéticas y analizar sus posiciones, intereses, estructuras y capacidades para desarrollar eventuales procesos de diálogo con otros actores y con el gobierno nacional. Intentamos identificar las voces de personas y organizaciones territoriales específicas con la intención de apoyarlos en el ejercicio de hacer visibles sus posiciones en la esfera de lo público. En este sentido, no intentamos convencer a nadie, cambiar sus posiciones en tomo a los proyectos estatales y, mucho menos, debilitar a aquellos que tienen una postura contraria a la de las empresas o el Estado. Nuestro rol es conocer la situación de las comunidades y el entorno donde se desarrolla la industria minero-energética, identificar intereses, poner las voces de esos actores en el escenario público, atender sus necesidades de capacitación y, si es posible y si están interesados, facilitar una conversación informada entre ellos. Todo lo anterior enmarcado en una profunda convicción: el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia cree firmemente en la necesidad de fortalecer las capacidades organizativas de la sociedad civil y defiende, por tanto, los mecanismos de participación y expresión pública de aquellos que tradicionalmente no son escuchados. Creemos en la importancia del fortalecimiento de lo público y del diálogo informado para el logro de ese fin. Nuestro objetivo con el proyecto no se aparta de esta convicción. 

Por todo lo anterior, nos ha sorprendido el comunicado emitido por ustedes en Pueblorrico, Antioquia, el pasado 26 de abril de 20l3, difundido por lo menos en la Universidad y publicado en internet. El comunicado apela a "los colombianos honestos" y pide "denunciar con toda la amplitud que merece la defensa contra las explotaciones minero-energéticas", lo cual es perfectamente comprensible. Pero nos produce por lo menos extrañeza el uso que se hace de calificativos y la forma como se cuestiona nuestra labor. Sobre todo, porque en las entrevistas realizadas por nuestras investigadoras siempre se puso de presente la naturaleza del trabajo y siempre, siempre, se solicitó un consentimiento informado a cada una de las personas que conversaron libremente con nosotros. Incluso, en conversación telefónica les propusimos a ustedes realizar una reunión para responder personalmente por algunas dudas planteadas a nuestras investigadoras y ustedes se mostraron partidarios de ella. Lamentablemente han preferido anticipar el infortunado comunicado al que nos referimos. 

Es una pena que el personal del Instituto, y muy especialmente los investigadores y los auxiliares, sientan ahora la desilusión y el temor que genera un juicio ligero sobre la actividad académica que desempeñan. Al claustro de profesores, a los miembros de grupos y líneas de investigación, a la Directora y al Consejo del Instituto de Estudios Políticos le parece por lo menos injusto y apresurado que, sin un conocimiento previo de los resultados del trabajo (a través de la jornada de socialización prevista) y del rol del Instituto y de la Universidad en un tema y en un proyecto específico, el COA los enjuicie a todos como lo hace en el comunicado que ahora lamentamos. 

No era esperable que súbita y públicamente ustedes acusaran a nuestros investigadores y a la Universidad de Antioquia de una complicidad para engañar líderes y comunidades, y para legitimar la política minero-energética; que señalaran a nuestros investigadores como contratados para perfilar y seleccionar "dirigentes de las comunidades opositoras a la presencia de las multinacionales minero energéticas", y para obtener, nada más ni nada menos, que "información que conduzca al debilitamiento de la resistencia popular contra la minería". Es sorprendente que, de plano, se nos endilgue hacer de la Universidad la "avanzada de una nueva política de entrega de las fuentes naturales de los colombianos a las multinacionales extractivas", la "cómplice falaz de la destrucción del patrimonio ambiental", la "coautora del envilecimiento de la vida para nuestros hijos" y la "socia de las argucias para compartir beneficios con los corruptos enquistados en el aparato estatal". Lanzar esos señalamientos a la Universidad, tan inconsulta y profusamente, y a sabiendas de las consecuencias que ese tipo de actos suelen traer sobre ella, francamente es un acto que no se compadece con el amor que ustedes dicen profesar por el alma mater. 

Ser presentados así, sin cruzar palabra con nosotros; ser portadores de esas intenciones, sin consultar nuestro trabajo; ser condenados de aquella manera, sin fórmula de juicio ... Este es al parecer el costo que pagamos ahora. Pero facturado esta vez, por alguna cruel ironía, a instancias de una organización social. 

Por supuesto, hay consecuencias inmediatas. Ese comunicado no sólo nos hace engañadores por contrato, sino que invita muy consecuentemente "a todas las comunidades del suroeste y del país (... ) a no reunirse ni brindar ningún tipo de información a las personas que están realizando las primeras etapas de la implementación de este engaño; el hecho mismo de sentarse con ellos es el comienzo de la creación de falsas confianzas y compromisos que irán socavando las defensas territoriales". Si este llamado es efectivo, realmente la Universidad, la academia, las ONG's, el Instituto o los investigadores, tenemos muy poco que hacer. Ya habrá otros seguramente, alguna empresa privada tal vez, que haga la caracterización que nos ocupaba. Lejos del terreno eso sí, y de las comunidades involucradas en el conflicto. 

Nuestra independencia como académicos y como ciudadanos nunca ha sido ofertada a ninguna fuente de financiación. Y todo proyecto que asume el Instituto es seriamente evaluado, rechazado o asumido conforme a los principios de libertad, autonomía, espíritu crítico y compromiso social que defendemos en esta Universidad. Seguramente por eso no crecemos al ritmo de otras empresas. Apenas al que se requiere para sostener la docencia, la extensión y la investigación bajo aquellos mismos principios. Este es otro costo que hemos asumido con frecuencia, pero no gratuito como aquél y en todo caso menos atemorizante. 

Finalmente, frente a ese comunicado que sentimos que nos daña y que ha intimidado particularmente a nuestros jóvenes investigadores, no nos queda más que esto: de una parte, ofrecer el expediente de lo que ha sido la historia de este Instituto y de lo que hacemos actualmente para quien quiera consultado. Y de otra parte, declarar que en cuanto parte de una Universidad Pública comprometida con la sociedad, hemos ejercido y seguiremos ejerciendo nuestra actividad académica dentro de los marcos de la ética pública, alejados de desmesurados optimismos progresistas, de voluntarismos facilistas y de "soluciones" dogmáticas para los problemas de la sociedad colombiana. 

Reiteramos una vez más nuestra disposición para atender las inquietudes que les pueda generar nuestro trabajo. Por eso esperamos la confirmación de esa cita solicitada en varias oportunidades a lo largo de este mes que finaliza. 

Atentamente 

ADRIAN GONZÁLEZ GIL

Directora: 

MANUEL A. ALONSO ESPINAL 

Coordinador del Proyecto